Querid@ compañer@: tras el impasse veraniego creo oportuno trasladarte mis apreciaciones sobre diversos acontecimientos que de una manera u otra están cambiando radicalmente nuestro quehacer profesional.

Situación dura donde las haya, con una crisis económica general como telón de fondo a la extraordinaria inactividad del sector de la edificación que venimos padeciendo desde hace tres años. Ante las nuevas medidas gubernamentales de contención del déficit presupuestario, que mermarán aún más la actividad del sector público, y también debido al desinterés de la banca por financiar el negocio inmobiliario, cortando los necesarios créditos a los promotores, lo cual, junto con la acumulación de viviendas aún sin vender y la debilidad de la demanda debido a la crisis y el paro, impide la reactivación del sector privado, y supone un limitado panorama para la actividad de los arquitectos al cual resulta muy difícil, en estos momentos, poner horizonte.

En cualquier caso, la vuelta a la deseada "normalidad", la anterior a la etapa de la burbuja inmobiliaria, que tanto daño ha hecho, será en unas condiciones tan distintas que nos obliga a plantearnos nuestra actividad en unos parámetros diferentes a los tradicionales del arquitecto que centraba su quehacer fundamentalmente en el diseño arquitectónico, dejando partes importantes de su ámbito en manos de otros profesionales. La menor necesidad de obra de nueva planta y el mayor número de arquitectos hacen imposible la dedicación de todos al mismo cometido.

La diversificación de la actividad en nuestra profesión masificada, tal como acometieron otros sectores en su momento, resulta inevitable e imprescindible. La puesta en valor de las distintas partes que componen el hecho arquitectónico, la especialización en suma, son caminos abiertos para resituarse en el mapa. Las estructuras o las instalaciones, la rehabilitación o la reforma, el urbanismo o la ordenación territorial, las empresas constructoras o las arquitecturías, los peritajes o las tasaciones, el servicio a la administración pública o privada, entre otros, son caminos alternativos al habitual que requieren de la necesaria reflexión, pero sobretodo de la formación para la adecuada especialización.

El trabajo asalariado de los arquitectos es ya una realidad importante en nuestras islas, aunque todavía lejano a la cifra en torno al 40 % de los profesionales que trabajan en otros despachos que se maneja en las grandes ciudades españolas, aspecto que requiere de nuestra atención en el caso de que los empleadores sean asimismo arquitectos, ya que éstos deben cumplir con la legislación laboral correspondiente cuando la colaboración sea continuada, huyendo de lo que se ha dado en llamar los "falsos autónomos".

En otro orden de cosas, el comienzo del verano produjo la aprobación, por fin, del esperado acuerdo del Consejo de Ministros respecto a la titulación académica de los arquitectos. Recordareis que tras la aprobación del título de grado de arquitectura, el primero de todos, siguiendo fielmente el espíritu de Bolonia, se produjo un cambio radical de las reglas de juego al producirse la aprobación de lo correspondiente a las ingenierías, al plantearse para las actuales titulaciones de las ingenierías superiores un grado académico de master, aspecto que los arquitectos consideramos inaceptable, por lo que lo recurrimos, pero al mismo tiempo iniciamos una dura negociación con el Ministerio de Educación con la finalidad de exigir también para nosotros dicho grado académico, que además fuera el único habilitante para el ejercicio de la profesión, así como continuar reivindicando que el titulo no fuera más que el tradicional de arquitecto.

A principios de este año todos los representantes de la arquitectura, de la profesión (CSCAE), de las Escuelas (Mesa de directores) y de los estudiantes (Asociaciones estudiantiles), planteamos de manera unitaria dichas exigencias, con el apoyo explícito y decidido de nuestro ministerio de tutela (Mº Vivienda) ante el Mº de Educación, donde al exigir éste la necesidad de un título intermedio de grado no habilitante, surgió el desencuentro con un cierto número de directores de escuela que optaban porque éste se produjera a la finalización del 4º año (que podría en un futuro ser fuente de reivindicación de atribuciones) en vez de al 5º, previo al PFC (por el que apostábamos la gran mayoría). Ello dilató la decisión ministerial, pero, tras arduas acciones, finalmente triunfaron las tesis de la mayoría y ya es una realidad que el título habilitante para ejercer la profesión de arquitecto tiene categoría académica de master con un contenido de 360 créditos (el máximo de los posibles). Junto a ello la posibilidad de otros masteres de especialización sin atribuciones profesionales. El único "pero" es que el nombre dado es el de "master en arquitectura" y no el largamente reivindicado de mantenimiento del tradicional de "arquitecto". Todo se andará. En cualquier caso, un éxito.

A su vez, la aprobación de la Ley Ómnibus el pasado mes de diciembre que modificaba puntualmente la ley de Colegios Profesionales dejando la regulación de la obligatoriedad de la colegiación a una futura Ley de Servicios Profesionales, a la que se daba un plazo de aprobación de un año (diciembre 2010), así como la obligatoriedad de los visados (que solo podrían serlo en función de su vinculación a la seguridad de las personas), a la aprobación de un Real Decreto al que se daba, asimismo, un plazo de cuatro meses (abril 2010), nos está teniendo inmersos en sus consecuencias a todas las instituciones profesionales. Consecuencias que también alcanzan a las Comunidades Autónomas que deberán modificar sus normativas para adaptarse a ellas, dado el carácter básico de la nueva normativa estatal.

De ello van a surgir inevitablemente unos colegios muy distintos de los actuales (o la transformación en agrupaciones e incluso desaparición de muchos de ellos) dada la acción frontal que exige la ley Ómnibus de todos ellos.

La publicación del Real Decreto este agosto (los plazos para la Administración son siempre meramente indicativos) ha conllevado durante todo este tiempo todo tipo de acciones para conseguir para los arquitectos y sus colegios el mejor de los resultados posibles (incluida una de último momento cuando se pretendió que el visado del Certificado Final de Obra fuera competencia exclusiva de los colegios de aparejadores).

Los más de sesenta tipos de visados hasta ahora existentes se han quedando finalmente reducidos a ocho, cuatro vinculados a explosivos y los otros a la edificación, o sea a nosotros. Dicho de otra manera, los visados obligatorios de las ingenierías prácticamente desaparecen, quedándoles únicamente los relativos a las edificaciones que les son propias.

El citado decreto conlleva ciertos aspectos que nos llevará a plantear un recurso puntual, aunque en su conjunto hemos de reconocer que somos el colectivo que ha salido mejor parado de lo que todo ello supone. Se nos da un mes, este de septiembre, para su entrada en vigor, lo que nos está obligando al Consejo Superior y a los Colegios a una adecuación forzada para su acatamiento, dadas las importantísimas consecuencias que se derivan de la Ley Ómnibus i del Real Decreto, tanto para las instituciones como para el ejercicio de la profesión.

Y en eso estamos. Trabajando arduamente. En el COAIB llevamos mucho tiempo inmersos en ello, por una parte para formular alegaciones y realizando otras acciones en defensa de los intereses de la profesión y, por otra, planificando el futuro post Ómnibus, antes con hipótesis y ahora ya con la realidad del Real Decreto aprobado.

En breve, os comunicaremos por circular y por la web las decisiones que adoptemos los órganos de gobierno del Consejo Superior y del Colegio. Además, estamos montando unas jornadas informativas en todas las Demarcaciones que llevaremos a cabo en el entorno de la fecha de entrada en vigor del uno de octubre, en las que explicaremos el alcance de la normativa y la adecuación a ese nuevo modelo de colegio que ya nos anunciaba la aprobación de la Ley Ómnibus.

Y al mismo tiempo hay que empezar a pensar en lo que conllevará la nueva Ley de Servicios Profesionales. En definitiva, tiempo de cambios extraordinarios a todos los niveles que requieren de la atención, prácticamente en exclusiva, de los que estamos en las labores de gestión tanto en el COAIB como en el CSCAE, si queremos cumplir con nuestra obligación de luchar por la mejor resolución de nuestros intereses en estos momentos sumamente complejos por los que estamos pasando.

Recibe un cordial abrazo.

Luis Antonio Corral Juan
Decano