Distinguida Presidenta

Hace pocos días todos los Arquitectos que residimos en Mallorca recibimos una atenta carta suya donde, además de remitirnos el texto de la Norma Territorial Cautelar que el Pleno del Consell aprobó el pasado día 26, nos ofrecía su disposición a recibir sugerencias en el marco del proceso de participación ciudadana al que se pretende abrir el futuro Plan Territorial Insular. Ante eso, los Arquitectos, para quienes la ordenación del territorio es materia de conocimiento y competencia profesional, no podemos permanecer ajenos a esta invitación de colaboración.

En este tiempo histórico de reflexión sobre consumo de recursos, de territorio y de debate sobre cual es el modelo de territorio más adecuado, no podemos olvidar que las medidas limitativas deben ser proporcionadas, y mantenerse tan sólo el tiempo imprescindible para cumplir con la finalidad para la que nacieron. No debe tratarse de una cuestión de oportunidad política, sino de racionalidad. Lo contrario implicaría una grave irresponsabilidad política.

Por otra parte, no debemos olvidar que el modelo de ordenación del territorio no es más que una consecuencia del modelo socio-económico, y no a la inversa. Tratar de atajar la saturación que viene soportando esta Isla en muchos aspectos (población, consumo energético, consumo de agua, parque automovilístico, residuos, etc.) a través de limitaciones urbanísticas, significa tratar de eliminar uno de los efectos sin haber abordado las causas. No nos confundamos: la causa de estas saturaciones está en el modelo socio-económico (lo que significa modo de vida) que hemos elegido, y no a la inversa. Lo fácil es eliminar los efectos, pero lo responsable sería abordar las causas. Nos preocupan los constantes anuncios de Normas Cautelares sin relación alguna con el futuro modelo socio-económico al que deberían dar respuesta. Nos preocupa, y perdone Sra. Presidenta el simil constructivo, que se empiece esta importantísima casa por su tejado. El riesgo de fracasar en este trascendental intento comportaría una dificultad mucho mayor en el futuro, si es que se llegara siquiera a disponer de una nueva oportunidad.

Todos nosotros, como profesionales y como ciudadanos, también aspiramos a un desarrollo sostenible y a un futuro de calidad para la Isla y, por tanto, no somos ajenos a la necesidad de conseguir una ordenación territorial coherente con un modelo económico y social y aspiramos por ello a poder participar en el proceso. Pero es necesario recordar que éste es un reto que exige el compromiso de toda la sociedad y ello conlleva un esfuerzo común que, dada la carencia de una cultura urbanística, se hace muy difícil. Con el deseo de colaborar en este debate colectivo el Col?legi d'Arquitectes de Balears está organizando unas jornadas sobre ordenación y consumo de territorio que se celebraran a finales de octubre y en las que esperamos la asistencia y participación del Consell de Mallorca.

La Junta del COAB, agradece y acepta la invitación a la participación y reitera la necesidad de terminar, en el tiempo más breve posible, con esta norma limitativa de carácter general que, como ya hemos mencionado en otros escritos, hubiera sido más deseable que se hubiera aplicado sólo sobre aquellas zonas del territorio o tipologías de edificación que pudieran realmente causar situaciones irreversibles al modelo que definirá el PTI. No hay nada más absurdo que el sacrificio más allá de lo necesario y, por ello, se debería reflexionar primero sobre la posibilidad de revisar sus efectos suspensivos, segundo, sobre el plazo excesivo de permanencia de dos años; y, tercero, sobre la urgencia de consolidar un consenso social y político para agilizar la aprobación del PTI.

Atentamente

La Junta de Gobierno del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears